Derecho de Familia

En casos de separación, divorcio o ruptura de una pareja, la guarda y custodia de los hijos comunes menores de edad podrá ser ejercida por uno de los progenitores, padre o madre, por ambos conjuntamente, esto es la guarda y custodia alternativa o compartida, que será ejercida conjuntamente por ambos progenitores. El Juez a la hora de atribuir la guarda y custodia, lo hace siempre teniendo en cuenta el mayor bienestar o interés de los hijos (principio del “favor filii”) por encima del interés personal o conveniencia de los progenitores.

Se puede reclamar la pensión de alimentos adeudada en los últimos cinco años por la vía penal y/o civil. En el procedimiento civil se decretará el embargo del salario, rentas, cuentas bancarias o cualquier otro bien o derecho. El procedimiento penal se interpone  cuando se dejan de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos. El  Código Penal establece la pena por  impago de alimentos a quien  está obligado por Sentencia, puede hacerlo y no lo hace, siendo la pena de prisión de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 24 meses.

Se considera vivienda familiar a aquella que, durante el matrimonio o unión de la pareja, se utiliza como domicilio habitual. Siempre que existan hijos menores de edad, el uso y disfrute se atribuye a los hijos, en compañía del progenitor que ostente la guarda y custodia exclusiva de los mismos. Pero en caso de guarda y custodia compartida el Código Civil no regula como debe atribuirse el uso del domicilio familiar, por lo que los Tribunales tendrán que efectuar una ponderación de las circunstancias concretas de cada caso para atribuir el uso y disfrute de la misma.

La patria potestad reúne el conjunto de derechos y deberes que se deben cumplir los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos  menores o no emancipados. Ambos progenitores tienen la patria potestad compartida de los hijos desde el nacimiento, siendo obligaciones irrenunciables que  se mantienen aún después de un proceso de divorcio

La retirada de  la patria potestad debe ser acordada en Sentencia y con fundamento en causas graves como son malos tratos al menor, casos de violencia domestica y adicciones que pongan en riesgo la seguridad del menor, así como por que se  desatiendan las obligaciones afectivas y económicas de manera reiterada y grave, sin justificación alguna. Menos restrictiva es la limitación de la patria potestad, sin privación, pero atribuyendo el ejercicio exclusivo de la misma a uno de los progenitores, siempre y cuando sea  en beneficio y  por el bienestar del menor.

Es requisito indispensable para interponer demanda de modificación de medidas definitivas que las circunstancias tenidas en cuenta en su momento, se hayan  visto modificadas sustancialmente, lo que motiva que se haga necesaria su revisión, o lo que es lo mismo, su adaptación a las nuevas circunstancias. El  procedimiento de modificación de medidas, se puede iniciar de común acuerdo acompañando propuesta de nuevo convenio regulador. En caso de ser imposible el acuerdo nos encontramos con un procedimiento contencioso en el que habrá que justificar el cambio de circunstancias y la necesidad de la modificación interesada.

Proceso de incapacitación judicial  sirve para determinar el tutor de la persona que  ya no puede tomar decisiones por sí misma, que puede iniciar el cónyuge o los descendientes (hijos o nietos), ascendientes (padres o abuelos) o hermanos, y en caso de que el afectado no se han otorgado unos  poderes preventivos o una autotutela, mecanismos legales que resultan útiles para no tener que llegar a este extremo.  Mediante un procedimiento judicial, el juez sentenciará quien será el tutor de la persona incapacitada, estableciendo la extensión y los límites de la incapacitación.